Lara de Tucci | Los avisos un tanto alarmantes de reducir el gasto público fuera de donde fuera no son, precisamente, de esta Legislatura; aunque haya sido el Gobierno de Rajoy el que haya cogido el toro por los cuernos -ya veremos por dónde le salen las medidas tan impopulares, y no es un juego de palabras- con decisiones que están provocando bastantes críticas; muy adversas la mayoría de ellas, pero igualmente también de signo favorable.

Tales avisos, como digo, ya venían lanzándose, con el objeto de tantear las posturas de la opinión pública, desde los dos últimos años del Ejecutivo de Zapatero. Pero claro, con unas elecciones que se avecinaban, la decisión de recortar gastos, con perjuicio de perder cantidades de votos, era conveniente no ponerla en práctica; no obstante no faltar dentro de aquel equipo gubernamental voces que, repito, ya estaban lanzando globos sonda por si acaso las elecciones del 20-N les eran favorables a los socialistas. Y en este sentido Carlos Ocaña, el entonces secretario de estado de Hacienda y Presupuestos, era de la opinión de que las prioridades que el Gobierno tenía al respecto eran las de unas reformas idóneas para volver cuanto antes al crecimiento económico.

Una de las reformas que el anterior Gobierno tenía previstas realizar, según palabras de Ocaña en diciembre de 2010, era referente a las autonomías: los territorios autonómicos tenían que hacer ajustes importantes con el fin de abordar el recorte del gasto público de una manera gradual; política, en este sentido, que los ciudadanos tenían que entender -fueron palabras de Carlos Ocaña- que sería la más correcta. Siendo de lamentar que ahora, con el PSOE en la oposición, los ajustes no sean nada entendibles por parte de la sociedad. Iba más lejos Ocaña y añadía que era partidario de que a las autonomías se les obligara presentar un plan de saneamiento para reconducir la adversa situación de la crisis, entonces como ahora muy preocupante.

Y en esas estamos, con el Gobierno del PP sin otra alternativa, al parecer, que la de ir estableciendo planes presupuestarios muy ajustados que nos puedan servir a los españoles como avales ante nuestros socios de Europa de que las políticas de control de la economía son una apuesta gubernamental sin marcha atrás, y que a la larga tienen que dar sus frutos.

Como apuntaba más arriba, el equipo del Gobierno de Rajoy está teniendo que vérselas con este asunto complicadísimo de recortar gastos y, a la misma vez, de buscar fuentes de ingresos para que la Hacienda pública se vaya saneando y España deje de ser blanco de unas críticas que, en este sentido, no dejan muy bien parado al anterior Ejecutivo, el de ZP; cuando incluso Sarkozy lo pone de mal ejemplo para que los votantes socialistas franceses le den votos a él en las elecciones del país hexagonal. Y el caso es que Europa apoya a España en las medidas que Rajoy aborda para ir saliendo del mare mágnum de la crisis y el desempleo. La apoya Europa, pero poniendo el centro de sus apoyos, en las exigencias a las diferentes autonomías para que los controles de los gastos públicos se observen con escrupulosidad. Pues en las autonomías, lideradas en este sentido por Cataluña y Andalucía, está la madre del cúmulo de gastos caprichosos que la mayoría de sus votantes no querían o no sabían ver, creyéndose vivir en paraísos del Rey Midas.

Pero las rebajas presupuestarias pueden convertirse en armas de doble filo: la reducción de las plantillas de trabajadores públicos puede ocasionar -¿quién lo duda?- un recorte del consumo; que se traduciría indefectiblemente también en nuevos despidos o en contratos basura en el sector privado. Un problema añadido que el obispo de Ciudad Real, Mons. Algora ha expuesto en una carta pastoral para advertir que “se olvida con frecuencia que el empleado es, ante todo y sobre todo, persona a la que otros han dado la vida, la han educado, tiene necesidades básicas, familiares y sociales, y no debe ser una mera fuerza de trabajo que se admite o despide por períodos de tiempo”.