Si repasamos la Constitución Española, podemos ver que en su Art. 107 se recoge el supremo órgano consultivo del Gobierno de España como es el CONSEJO DE ESTADO, que tiene sus orígenes muchos años antes de nuestra Carta Magna, en la Edad Moderna, en tiempos de los Reyes Católicos, bajo los nombres de Consejo de Aragón y Consejo de Castilla. Con la Constitución gaditana de 1812, que ahora cumple 200 años, se creó el Consejo como órgano de control del poder del monarca, que precisaba la aprobación del mismo para algunos actos. Después de 1904 se convirtió en órgano consultivo del poder ejecutivo.

Dice así el Art 107 de nuestra Constitución de 1978: “El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica (este tipo de leyes son las contempladas en el Art. 81 de la C. E. y que requieren para su aprobación o derogación el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto) regulará su composición y competencia.

Normas reguladoras del Consejo de Estado:

El Consejo de Estado se rige por su Ley reguladora, desarrollada por el Reglamento.

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado

Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, Real Decreto 1674/1980.

Una y otro han sido objeto de modificaciones puntuales posteriores. La más importante la Ley Orgánica lo fue por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, que, entre otras cosas, incorporó a los ex Presidentes del Gobierno como Consejeros natos con carácter vitalicio y creó como nuevo órgano del Consejo la Comisión de Estudios.

Organización

Integran el Consejo de Estado en Pleno el Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos- es decir, aquellos que lo son por razón del cargo que desempeñan-, los electivos y el Secretario general.

No quiero dar más datos, pues pueden encontrarse en diversas fuentes y engordarían demasiado el artículo, cuya vocación es ser breve, por aquello de que si breve……

La función del Consejo de Estado es exclusivamente consultiva, y se limita a dar su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada. En el ejercicio de esta función, debe velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Sin embargo hay que destacar que su operatividad es NULA, pues sus dictámenes no son vinculantes para el Gobierno de España cuando hace alguna consulta a este órgano que, en teoría, es el más preparado para dar respuestas.

Sus miembros tendrían que ser, todos, las personas más meritorias del panorama jurídico , cultural, científico, artístico…….Sin embargo se está convirtiendo en el agujero negro donde acaban políticos derrotados, acabados, vencidos en las urnas y todo lo que queramos decir de unas personas que no tienen más porvenir que depender de estos puestos dedocráticos para seguir llenando la faltriquera y llevarse, con la que está cayendo, alrededor de los ochenta mil euros. Son más de diez millones de Euros para su funcionamiento, si hablamos de un órgano que no sirve, en la práctica, para nada.

Este Gobierno, como tendría que haber hecho el anterior, debe empezar a coger el toro por los cuernos y euro a euro recuperar cantidades enormes que podrían recuperarse, sobre todo de tanto político que, acabado su mandato, sigue cobrando (el político que acaba su mandato tiene que volver a su trabajo y si no lo tiene que lo busque como los cinco millones que ansiosamente lo buscan día a día y si no que hubiera ahorrado como hemos hecho todos, que para eso tenían muy buenos sueldos), de tantos sindicalistas liberados, unos 60.000, con 9000 tarjetas de crédito a su disposición, unas para gastar de forma ilimitada y otras con un gasto máximo de 600 euros diarios, que ya está bien, eso si de los fondos de las centrales sindicales, pero lo más bonito es que su financiación sea, prácticamente, de los presupuestos del Estado, pues afiliaciones tienen pocas, pero tenemos unos gobiernos muy blandos y muy poco exigentes.

Y donde dejamos a tanta fundación, que a mí me parecen muy bien cuando se financiaran con fondos privados, pero no, es un agujero despilfarrador de tantas y tantas subvenciones de papaíto Estado para que se aprovechen los adictos al Gobierno de turno. También hay que hablar de tantos parados (quizá tengan sus razones),que cobrando la prestación de desempleo, siguen trabajando y generando así una economía sumergida, que está por las nubes. Ya es hora que el Gobierno se deje de paños calientes y ahorre de todo esto en vez de rebajas a funcionarios, pensionistas, sanidad, educación, servicios sociales etc. ¡Ah!, también se pueden recoger muchos euros de los grandes capitales, grandes empresarios, la banca etc.

Alguien estará pensando: “este hombre es tonto. Eso, ya, lo sabemos”. Efectivamente puede ser así, pero, a veces, lo más obvio es lo que menos se ve. Ya han propuesto una ley que solucione las pensiones millonarias de directivos de entidades bancarias, que para lo único que no tienen dinero es para dar créditos. Pues bien, que sigan con todo lo anteriormente expuesto. Eso es lo que el hombre de la calle ve, por poner algunos ejemplos para que sirva de reflexión.

Menos palabrería y más actuar de firme y caiga quién caiga, pero lo que no se puede soportar es más de cinco millones de parados y sin ver un atisbo de luz, que genere alguna esperanza. En tiempos de crisis se ahorra y se saca el dinero de donde menos falta haga y se respeta lo más vital e imprescindible.

.

Francisco Teva Jiménez
Maestro / Lic. en Derecho