Lara de Tucci | Hace unos días asistí a una charla-coloquio que impartió el profesor Emilio Pérez Casado en el salón de actos de una conocida asociación cultural de Madrid. Naturalmente, el tema de su intervención fue la enseñanza; expuesto con tan oportunas puntualizaciones, que a los asistentes al acto nos aclaró muchos conceptos sobre la educación en nuestro país. Incluso alguien le dijo en el turno de preguntas, felicitándolo, que su intervención, más que una charla, había sido una conferencia con todos los ingredientes que pudieran añadirse de la materia que el interviniente domina. Pero dicho profesor profundizó, sobre todo, en las leyes que han venido regulando la Educación desde siempre; recordando igualmente aspectos e incidencias de esas leyes en los centros españoles de enseñanza de los diferentes niveles.

Aclaro yo aquí que Claudio Moyano Samaniego (1809-1890), un político moderado español -la Cuesta de los Libreros de Madrid lleva su nombre- fue ministro de Fomento en el Gobierno de Narváez. Pero el profesor Pérez Casado empezó su intervención diciendo que la primera Ley de Educación que se promulgó en España fue de dicho político. Corría el año 1857 y esta Ley, con el nombre de Instrucción Pública, declaraba obligatoria en nuestra Patria la Enseñanza Primaria.

Pero el profesor se extendió más en su exposición y nos puso al corriente de que la referida Ley de Moyano estuvo vigente más de un siglo, hasta la promulgada, ya en 1970, por José Luis Villar Palasí, a la sazón, ministro de Educación y Ciencia (1968-1973): la Ley General de Educación. En vigor estuvo, sí, la Ley de Moyano todo ese tiempo; pero muy corregida en los años de la II República, como puede suponerse. Cuando empezaron a darle alas, en este terreno de la enseñanza también, a las autonomías con normas que venían a incrementar el protagonismo de las lenguas regionales en perjuicio de la lengua madre común.

Refirió luego Emilio Pérez Casado la llegada de otra Ley de Enseñanza en 1990, ya con Felipe González al frente del Ejecutivo: la llamada LOGSE; lamentado que en España seamos tan dados a cambiar las leyes de enseñanza cuando la mayoría de los países, sobre todo los del norte de Europa, las conservan inamovibles aunque se sucedan en ellos gobiernos de diferentes signos políticos. Pero son países, generalmente hablando, en los que los intereses generales del Estado están por encima de las formaciones políticas. ¡Oh cuánto tenemos que aprender aún en esto también!

La LOGSE, según su opinión, opinión que venimos compartiendo la inmensa mayoría del pueblo español, no aportó nada nuevo a la Enseñanza; aunque, eso sí, propició una gran promoción de las lenguas autonómicas, en contra una vez más del idioma castellano. Y, sobre todo, la LOGSE se sacó de la manga los Consejos Escolares; un verdadero fracaso donde los haya, en palabras suyas. Pues intervenían en esos Consejos, para poner cordura (?) en las aulas, incluso miembros de las AMPAS que apenas sabían las cuatro reglas. Todo lo cual ha venido ocasionando en España un preocupante fracaso escolar de más del 35 por ciento -muy por encima del de la media europea-, con el despilfarro de dinero público que esto trae todavía consigo. Y, además, dando lugar a graves enfrentamientos entre educadores y alumnos por lamentables pérdidas de respeto y compostura.

Por ese fracaso, y tal vez para subsanar los otros males de la LOGSE, el Gobierno de Zapatero promulgó la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006, con la Educación para la Ciudadanía como asignatura estrella de la misma; con la que buscaron eliminar, o cuanto menos ningunear, la asignatura de Religión para que las nuevas generaciones salieran de las aulas sin los recursos de la fe cristiana, pero armados de un progresismo que nadie entiende, salvo los legisladores de dicha LOE, como adecuada herramienta para la formación integral de las personas.

Así las cosas, el actual ministro del ramo, el populista Wert, está preparando otra Ley más de Enseñanza que llegue a corregir (ese es, por lo menos, no solo el deseo del profesor Emilio Pérez, sino también el de la mayoría de los ciudadanos) tanto disparate en Educación; estableciendo entre otras cosas -a ver si es verdad- que los textos comunes en todo el territorio nacional sean de un 75 por ciento y de 65 en aquellas comunidades autónomas donde usan también otra lengua.

Emilio Pérez terminó con un deseo: el de que las lenguas regionales no sigan siendo, con la próxima Ley de Wert, un freno que impida entendernos como país, sin divisiones y unido por un mismo sentir. Y esto no quiere decir que se esté en contra de los rasgos culturales que constituyen en realidad las lenguas catalana, vascuence y galaica. De lo que estamos en contra es de que haya políticos que las utilicen para romper a España en pedazos y para dividirnos a los españoles.